Gobierno capitalino lanza estrategia para recuperar el espacio público

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una estrategia integral para combatir el uso indebido del espacio público, con especial enfoque en la práctica de apartar lugares o cobrar por estacionar en la vía pública.

Las reformas a la Ley de Cultura Cívica contemplan medidas más severas, incluyendo arresto inconmutable de 36 horas para quienes condicionen el estacionamiento en la vía pública. Dependiendo del caso, las infracciones podrían considerarse delitos de extorsión o amenazas, lo que otorgaría mayor peso legal a la lucha contra estas prácticas.

Además, la iniciativa autoriza a la policía capitalina para actuar de oficio en casos de flagrancia, evitando la impunidad de quienes lucran con el espacio público.

Estas son las principales reformas a la Ley de Cultura Cívica:

• Arresto inconmutable de 36 horas para quienes cobren o condicionen el estacionamiento en la vía pública.
• Las infracciones podrán ser consideradas delitos como extorsión o amenazas, según el caso.
• Se faculta a la policía para actuar de oficio en casos de flagrancia.

Alternativas laborales y campaña de concientización

Para aquellos que realizan estas prácticas por necesidad, el gobierno capitalino implementará programas de empleo, capacitación y apoyo a proyectos productivos con el fin de ofrecerles alternativas viables.

Asimismo, se lanzará una campaña informativa para sensibilizar a la ciudadanía sobre el derecho al espacio público y los canales disponibles para denunciar cualquier irregularidad.

“El espacio público no es mercancía ni privilegio. Es un derecho de todas y todos”, expresó Clara Brugada durante la conferencia de prensa.

Descenso en denuncias por “pinchazos” en el transporte público

En la misma conferencia, se informó que los casos de agresiones mediante punciones en el transporte público han registrado una disminución. La Fiscalía reportó 78 denuncias, principalmente en el Metro, pero aclaró que no hay evidencia de delitos graves relacionados con estos incidentes.

La estrategia del gobierno incluye coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía para reforzar la vigilancia y garantizar una respuesta rápida ante posibles agresiones en el transporte.